Higüey, República Dominicana. El próximo 5 de febrero se llevará a cabo la audiencia para conocer la medida de coerción contra una presunta banda criminal que, según denuncias, ha operado en esta región durante más de 14 años. Residentes locales y familiares de las supuestas víctimas han solicitado que este proceso se lleve a cabo con total transparencia y sin interferencias de corrupción.
El grupo, acusado de múltiples delitos, enfrenta cargos relacionados con extorsión, amenazas y otros actos delictivos que han afectado a diversas comunidades en la provincia La Altagracia. Según los denunciantes, la red habría operado con total impunidad, dejando a su paso un clima de temor e injusticia en los pueblos afectados.
Líderes comunitarios han hecho un llamado al presidente de la República para que supervise de cerca este caso y garantice un proceso judicial justo. “Señor presidente, no sea partícipe de esta injusticia atroz. Exigimos justicia para las víctimas y un proceso transparente”, expresó uno de los voceros en una rueda de prensa.
Asimismo, los residentes han solicitado la presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales en la audiencia, considerando que la visibilidad mediática puede ayudar a prevenir posibles irregularidades durante el proceso. “Es crucial contar con la supervisión de la prensa para asegurar que este caso no se vea empañado por intereses ajenos a la justicia”, añadieron.
La audiencia del próximo 5 de febrero será un evento decisivo para determinar si se impondrá prisión preventiva u otras medidas de coerción contra los acusados. Las autoridades judiciales han asegurado que garantizarán el respeto a los derechos de todas las partes implicadas.
Este caso ha generado gran atención pública, no solo por los delitos atribuidos a la presunta banda, sino también por las denuncias de corrupción que, según la población, han permitido que este grupo opere sin consecuencias durante más de una década.